Relaciones entre los derechos humanos y la lucha anticorrupción

EngranajesCoincidentemente, el 9 y el 10 de diciembre, se celebraron los días internacionales de la lucha contra la corrupción y de los derechos humanos, respectivamente.  A propósito de las fechas, en esta entrada hago una revisión de cuatro maneras a través de las cuales ambos temas se entrelazan.

Actos de corrupción que impiden asegurar derechos básicos

Se suele decir que “la corrupción mata”.  El vínculo entre corrupción y DDHH es claro aquí:  la corrupción quita el derecho fundamental a la vida.  ¿Qué tan cierto es esto?  Pues, hay casos en los que la frase tiene un correlato literal con la realidad.  Chequeen este post del colega Iftekhar Zamman, director ejecutivo de Transparencia Internacional Bangladesh, sobre el reciente incendio en una fábrica de textiles en Dhaka, donde murieron 112 personas:  las regulaciones del “Defensa Civil” local son pasadas por alto gracias a sobornos a inspectores.  Para los peruanos, que sabemos de los vínculos entre corrupción, informalidad y desastres, no nos suena nada lejana una historia como esa.

Pero hay otras formas.  Menos directas.  Por ejemplo, en este reportaje de Luibomir Fernández para Poder Ciudadano, el programa de Proética en La Mula TV, se aprecia cómo la construcción de un hospital materno infantil en Juliaca está paralizada, debido a que los actos de corrupción en la ejecución de la obra obligaron a las autoridades del sector a detener una chambonada tan peligrosa (el proyecto era ejecutado por el Gobierno Regional de Puno).  El asunto es que, así detenida, hay una gran cantidad de potenciales beneficiarios que también deben seguir esperando atención de calidad.  Mientras tanto, Puno seguirá  siendo una región que registre estadísticas tan absurdas como esta.

Supresiones de derechos civiles y políticos que favorecen la corrupción

TI, Global Corruption Report 2004 (click para ampliar)

TI, Global Corruption Report 2004 (click para ampliar)

El celebérrimo ranking de Transparencia Internacional con los gobernantes contemporáneos más corruptos señala con bastante claridad una segunda forma de vinculación:  regímenes que reprimen derechos, particularmente aquellos de naturaleza política, o sea dictaduras o autoritarismos, suelen enmascarar una entraña corrupta en las más altas esferas.  Por supuesto, no es una regla, pero poco le falta.  Los derechos afectados suelen ser aquellos como la participación política o la expresión.  La libertad de prensa es de las primeras en ser limitadas, así como la posibilidad de opinar en contra del gobierno, sea individual u orgánicamente.

De la lista de TI, los gobiernos democráticos probablemente solo hayan sido el de Arnoldo Alemán (Nicaragua) y el de Joseph Estrada (Filipinas), ubicados -¿coincidentemente?- entre los últimos del ranking (corríjanme si me equivoco).  Ya Fujimori calificaba como autoritarismo competitivo, para los científicos;  y como dictadura, para los activistas – no importa:  reprimía algunas libertades civiles y políticas, aunque no de forma legalizada ni masiva.  Algo similar a lo que pasaba con Marcos, también en Filipinas, años antes, elegido democráticamente, pero que utilizó millones de dólares públicos para su primera reelección a la par que iba endureciendo su gobierno.  En varios de los otros casos, la represión de derechos no se circunscribía solo a los políticos, como cuando se recuerda las atrocidades del gobierno de “Baby Doc” Duvalier.

Derechos humanos que permiten luchar contra la corrupción

Hay un tipo de relación que es, más bien, positiva:  aquella según la cual al ejercitar determinados derechos se previene o combate la corrupción.  Hay dos derechos humanos de naturaleza civil que permiten que esto ocurra, sea directa o indirectamente:  el derecho a a acceder a información pública y el derecho a participar en la gestión de las cosas públicas.  Cuando las entidades transparentan su información, se está poniendo algunos disuasivos más para que la corrupción ocurra.  Cuando la población participa (presupuestos participativos o comités de vigilancia, por ejemplo), hay más posibilidades de que los corruptos no se pasen de listos.  Por supuesto, muchas veces tan solo ejercer los derechos no basta debido a la falta de capacidad para que se les respeten (enforcement, le dicen).

En todo caso, cuando “hay gato encerrado” en una institución pública, se puede solicitar acceder a la información para desenmascarar lo que ocurre.  Es lo que está pasando en estos momentos en la Argentina, donde sin haber ley de transparencia, los colegas de ADC han logrado un importante precedente jurídico en un caso con respecto a los gastos en publicidad de una entidad pública.

Por el contrario, lo que está haciéndose también en estos momentos en Perú, va en un sentido totalmente opuesto:  secretismo total a las compras militares y amenazas a la prensa.  Doblemente grave porque este año se ha aprobado un Plan de Acción de Gobierno Abierto (con todo y matriz de indicadores) y un Plan Nacional Anticorrupción 2012-16, ambos con fuerte énfasis en la transparencia.  O sea, pésima señal.  (Sobre el tema de adqusiciones militares, comenté hace poco en esta entrada.)

Mecanismos anticorrupción que fortalecen la lucha por los derechos humanos

Finalmente, quisiera agregar que la lucha contra violaciones a los derechos humanos también se puede ver fortalecida al aprovecharse de un principio básico anticorrupción:  la transparencia;  y, en particular, el acceso a información que está bajo control de, o vinculada a, agentes perpetradores de violaciones.  Hace unos meses, la colega Ana María Vidal publicó este artículo al respecto sobre el caso peruano, señalando los graves incumplimientos del sector defensa, pero a la vez, mostrando casos de la región en los que sí se ha avanzado siguiendo esta estrategia.

Más sobre el tema:  en esta página del International Council of Human Rights Policy. Chequeen la sección de documentos.

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