El gobierno peruano y la transparencia. ¿El policía bueno y el policía malo o el doctor Jekyll y el señor Hyde?

Screencap 24/10/13

Screencap 24/10/13

“Arreglen my calle” (Fix my street, de donde tomé la captura de pantalla de arriba) es una web británica donde los ciudadanos reportan incidentes o problemas en el lugar donde viven, ubicándolos en un mapa. Fix my street es, además, uno de los casos más citados dentro del creciente mundo del Gobierno Abierto, como un ejemplo de uso de tecnología para que los ciudadanos colaboren con el gobierno y se puedan solucionar los problemas de la gente.

Ocurre que si se aplicara la ley de delitos informáticos recién promulgada en el Perú, una persona que reportara un incidente en un hipotético Fix my Street local (o no tan hipotético:  tenemos a Datea.pe) podría ir a la cárcel por alterar una base de datos.  Pues eso es Fix my street, así como otras iniciativas similares:  bases de datos hechas para ser alteradas por la participación de los ciudadanos preocupados por sus problemas cotidianos.  Y esto es también parte fundamental de lo que se viene promoviendo como gobierno abierto.

Desde que el Perú se adhirió a la Alianza para un Gobierno Abierto en setiembre de 2011, la forma en la que llevó a cabo el proceso de elaboración de nuestro plan de acción ha sido reconocida como una buena práctica al interior de este club de países. Pero, más importante aún, el propio plan contiene compromisos específicos que permiten avanzar seriamente en la agenda de transparencia en el país.  Por ejemplo, las modificaciones al reglamento de la ley de transparencia, que se dictaron hace unos meses en el marco de la implementación de este plan, han permitido llenar un importante vacío normativo en cuanto a la gestión de los archivos de información pública.

Sin embargo, a contracorriente de esta tendencia, hace un año se dio el DL 1129, que eliminó la transparencia de la información generada en el ámbito de defensa y seguridad nacional. Sobre esto el gobierno se ha mantenido firme, pero la Defensoría del Pueblo interpuso una demanda de inconstitucionalidad que está siendo vista por el Tribunal Constitucional.

Y ahora, con la participación decisiva del Poder Ejecutivo, se ha promulgado la ley que penaliza los delitos informáticos, contra la cual diversos expertos e instituciones especializadas se han pronunciado abundante y rigurosamente (por ejemplo en este comunicado de IPYS y en esta nota el abogado Erick Iriarte y el periodista Marco Sifuentes).  Me quedo con dos de las varias críticas:  1) llega a poner en riesgo el propio uso de las tecnologías de información y comunicación, por la penalización a la alteración de las bases de datos, lo cual pondría entre paréntesis el espíritu básico del “gobierno abierto” y 2) la restricción a la libertad de prensa, por la penalización a la difusión de cualquier comunicación interceptada, incluso si es de interés público.

Tomado de boxocto.com

Tomado de boxocto.com

¿Por qué no hay una política coherente y de un solo sentido de parte del gobierno ante la transparencia y la tecnología?  ¿Por qué se permite que tendencias regresivas frente al aseguramiento de derechos, como el derecho de acceso a información o la expresión, impongan sus posiciones?  No pareciera ser esta una situación en la que hay un policía bueno y un policía malo quienes, a pesar de sus actitudes contrarias, en realidad persiguen un mismo fin.  No.  Aquí pareciera más bien haber una tensión esquizofrénica no resuelta en los ámbitos del poder donde se toman decisiones, Jekyll y Hyde alternándose para jalar cada uno para su lado.

¿Se resolverá esa tensión o tendremos que continuar durante el resto del gobierno siendo mecidos entre posiciones contradictorias?  Y si se resuelve, ¿será definiéndose claramente a favor de los avances para promover la apertura, la transparencia, el intercambio y la colaboración entre gobierno y ciudadanos o poniendo al país al margen de las tendencias globales para acercarnos más bien a regímenes cerrados?

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Un comentario

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